Los pasados días 19 y 20 de marzo de 2025, sorpresivamente el Ayuntamiento de Segovia ha llevado a cabo una intervención de reparación de pavimento en calles del eje Acueducto Plaza Mayor con un procedimiento de capa de asfaltado sobre el adoquín existente que desfigura por completo el aspecto de las calles y supone una inutilización definitiva del primitivo adoquín, elemento expresamente protegido por el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), que en su artículo 153 indica «que cualquier cambio del pavimento en el conjunto histórico de la ciudad tiene que ser autorizado expresamente por la Comisión de Seguimiento y Aplicación del citado plan».»

 El Alcalde lo justifica por la necesidad de una actuación urgente, que califica de provisional, dado el mal estado de las calles intervenidas, hasta que, en un plazo de dos años, finalicen las obras de rehabilitación del Teatro Cervantes. Con ser grave el resultado y más que discutible la solución adoptada, lo que se antoja  más preocupante es la “naturalidad” con que  afirma haberse limitado a comunicar la intervención a las distintas comisiones y organismos (Comisión técnica de seguimiento del PEAHIS, Comisión territorial de Patrimonio, Comisión de Patrimonio autonómica, Academia de Hª y Arte de San Quirce, Concejalía de Patrimonio e ICOMOS) sin esperar ningún tipo de informe o autorización. Es más, respecto de este último Organismo, asesor de UNESCO, dice nada temer de un posible informe negativo, puesto que, en todo caso, se trataría de una opinión no vinculante.  Curiosamente y dicho sea de paso, la misma valoración que se hizo, hace pocos meses, del Plan de Gestión de la Ciudad, homologado  positivamente por UNESCO.

Una de las primeras entidades en reaccionar, ha sido la Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia emitiendo una crítica nota de prensa. Se han seguido las declaraciones de los grupos políticos en el Ayuntamiento, calificando incluso de  ilegal tal actuación. La propia Real Academia de San Quirce ha expresado «su profunda disconformidad» con el modo en que se han llevado a cabo las obras de asfaltado sobre la pavimentación de adoquines de granito, recordando la protección de que gozan los pavimentos tradicionales, en las áreas históricas de la ciudad, a la vez que lamenta que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Segovia hayan llegado una vez terminadas las obras , pues en actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las administraciones públicas (Decreto 20/2011 J.cyl). Y termina con algo que considero especialmente relevante y que viene al caso del motivo que me ha movido a enviar esta breve crónica “La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce confía en que esta actuación no siente un precedente y, en el futuro, las acciones del Ayuntamiento en el Conjunto Histórico se realicen con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”. Parecería que la reacción normal del Ayuntamiento de Segovia ante tan cualificadas y generalizadas opiniones debería ser, al menos, admitir que la forma que ha hecho las cosas no es la mejor ni la más acertada, tanto desde el aspecto administrativo como en el del acierto en el cuidado del Patrimonio. Bien lejos de eso, la reacción ha sido, en pluma de su “no consultado” Concejal de Urbanismo, contraponer el acierto de su actuación a las opiniones de “Instituciones y opinantes de todo”.

Creo que no sería necesario añadir ni una coma más a lo dicho para entender que esta forma de actuar por parte de la Administraciones y en concreto, especialmente de los ayuntamientos, no es sólo ningunear y considerar a  las asociaciones defensoras del Patrimonio como  “opinadores de todo”, sino saltarse a la torera instancias y normativas oficiales y hacer caso omiso de convenios con organismos culturales con los que el Estado Español ha suscrito convenios como el Convenio de Faro, en el que las administraciones se comprometen a reconocer el derecho de las asociaciones a participar en el cuidado y gestión del Patrimonio, habilitando los cauces adecuados para su efectiva participación. 

Nos negamos a dar por bueno que las administraciones de turno actúen como si tuvieran carta blanca sobre un patrimonio que es de todos y que ha de ser administrado conforme a una normativa que regula tanto la actuación de las administraciones como el derecho de participación de instituciones y asociaciones. 

Pedro Montarelo Sanz

Presidente de Amigos del Patrimonio de Segovia